Granjas, criptomonedas y las elecciones de 2027
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En los últimos 15 días Puebla ha sido noticia nacional por diferentes operativos federales contra el crimen organizado y el más reciente reportado en el municipio de Tlaola, enciende otro foco rojo en la entidad.
Las autoridades federales han puesto sobre la república mexicana un mapa detallado con características y objetivos distintos a los que normalmente persiguen en el universo del crimen organizado.
Los blancos marcados con alfileres rojos y amarillos no son narcolaboratorios, ductos de Pemex o rutas para el tráfico de personas; los puntos señalados en estos planos territoriales son potenciales granjas de criptomonedas que pueden poner en serio riesgo al proceso electoral del 2027.
Se trata de sofisticadas instalaciones ubicadas en inmuebles específicos donde se conectan cientos o miles de computadoras enlazadas a dispositivos como tarjetas gráficas y circuitos integrados de aplicaciones específicas dedicadas a minar monedas digitales y en el extremo, a lavar dinero de procedencia ilícita.
Este es el caso de la granja inmovilizada en el municipio poblano de Tlaola, ubicado en la sierra norte del estado, apenas a 3 horas de la capital.
El hallazgo de este espacio ilegal forma parte justo de estos operativos especiales encomendados a las fuerzas de élite de la Marina quienes mapean, investigan en territorio y finalmente inmovilizan con el apoyo de efectivos federales y estatales.
El caso de la granja ubicada en el municipio de Tlaola no es menor; en la bodega intervenida se localizaron más de 300 equipos de cómputo de alta capacidad, 8 antenas de internet satelital, 80 terminales de media tensión, transformadores de pedestal, tendido eléctrico industrial y equipo de refrigeración para mantener el funcionamiento de toda esta infraestructura.
El riesgo en la operación de estas granjas es mayúscula y la orden de las autoridades federales es desmantelar cuantas instalaciones se detecten a lo largo y ancho de la república méxicana.
La urgencia por combatir estas actividades no es menor.
Las autoridades electorales de México enfrentan un grave vacío regulatorio y tecnológico para poder rastrear el uso de dinero digital, precisamente de ese recurso que no deja huella en sus múltiples operaciones.
Justo ese es el riesgo de cara a las elecciones federales intermedias: la falta de reglamentación actualizada y la complejidad para rastrear cripto activos y operaciones financieras ejecutadas con dinero de procedencia ilícita.
El Instituto Nacional Electoral, está obligado a reformar su reglamento de fiscalización para poder calificar de manera eficaz las próximas elecciones del 2027, evitando en lo más, que recursos ilegales y hoy prácticamente invisibles puedan financiar numerosas campañas políticas del próximo proceso electoral.
La consejera electoral Carla Humphrey, ha advertido sobre el grave riesgo de que el dinero digital se cuele en el proceso electoral del 2027 sin que la autoridad tenga la capacidad para conocer la trazabilidad del mismo.
El enorme reto a resolver es lograr fiscalizar las próximas elecciones con un sistema y reglas obsoletas que hoy no pueden competir frente a un ecosistema financiero y tecnológico distinto y distante a lo conocido por el árbitro electoral.
Un ecosistema tan evolucionado que hoy puede pagar con criptomonedas y otros activos virtuales, servicios clave para una campaña electoral como la contratación de publicidad digital, producción de contenidos, herramientas de inteligencia artificial, influencers y hasta proveedores ubicados a miles de kilómetros de México.
El sistema electoral mexicano está puesto a prueba una vez más y con el reloj encima; veremos si el tiempo alcanza para evitar este serio riesgo de cara a las elecciones del 2027.